Categoría: Actualidad

Fuente: IProfesional ~ Las plataformas digitales experimentaron un acelerado auge durante la pandemia y se desnudan problemas relacionados a las condiciones laborales.

Las plataformas digitales de delivery experimentaron un acelerado auge durante la pandemia del COVID-19 en las principales economías de Latinoamérica y mantienen hoy un crecimiento sostenido, aunque con problemas de precariedad, explotación y leyes laborales insuficientes.  En países como Chile, por ejemplo, se han convertido en uno de los mejores flotadores para miles de migrantes irregulares atrapados en el laberinto burocrático que supone intentar lograr una visa estable y un permiso de trabajo.

Situación que permite los abusos por parte de las empresas que han aumentado de forma considerable su volumen de negocio en el marco de un modelo de economía liberal que les favorece, junto la alta penetración de internet. No existen datos oficiales sobre cuántos «riders» hay, pero no hay más que salir a la calle para ver decenas de motos y bicicletas con mochilas con logotipos de multinacionales del sector como Cornershop, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats.

Según el último informe del Ministerio del Trabajo trasandino, el número se acerca a 300,000, de los cuales un 43% son chilenos y un 57% extranjeros, mayormente venezolanos (42.5%), seguidos de colombianos (4.4%) y peruanos (3.5%), en su mayoría hombres. «En Chile no hay datos oficiales sobre cuantos trabajadores hay porque las empresas han sido muy celosas y porque en el negocio hay una alta tasa de informalidad», explica a la agencia EFE Rodrigo Palomo, de la Universidad de Talca.

La situación laboral de estos «riders», la mayoría trabajadores independientes, se rige por la llamada «Ley Uber» y la Ley 21.431, que modifica el Código del Trabajo y establece normas comunes aplicables a todos los trabajadores, sean asalariados o independientes. «Los ‘riders’ se han ido organizando», señala Palomo y pone como ejemplo interesante el sindicato de Cornershop, plataforma chilena comprada en el 2021 por Uber, con quien tuvo «una primera negociación colectiva» ya que «nunca había negociado colectivamente en ningún país del mundo».

Brasil, la mitad del mercado

En Brasil, que según un estudio de la escuela de negocios Fundación Getúlio Vargas (FGV) supone la mitad del mercado de entregas a domicilio de comida en Latinoamérica, los problemas apuntan a la amenaza de monopolio e igualmente a la precariedad laboral, cuestiones que el gobierno de Lula Da Silva asegura estar dispuesto a combatir.

De acuerdo con FGV, el 80% del mercado está concentrado en la empresa local iFood, que en el 2020 ya recibió un serio varapalo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) -órgano antimonopolio- al vetarle los contratos de exclusividad con restaurantes tras una denuncia de Uber Eats y la colombiana Rappi. La pelea es por un negocio multimillonario: según la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel) las ventas de comida a domicilio alcanzaron unos 7,000 millones de dólares en el 2021, el 20 % de toda la facturación del sector. Un negocio que ofrece empleo, pero empleo precario, a 1.5 millones de personas (denominadas «microemprendedores») según cifras del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

Las plataformas digitales experimentaron un acelerado auge durante la pandemia y se desnudan problemas relacionados a las condiciones laborales

«No es posible que en el Brasil del siglo XXI alguien tenga que trabajar más de 14-16 horas para a veces ni ganar un salario mínimo y quedarse entre seis y siete años sin reajuste de tarifas», dijo recientemente el ministro de Trabajo, Luiz Marinho

Para Gilberto Almeida dos Santos, presidente del Sindicato de Mensajeros, Motociclistas, Ciclistas y Mototaxistas de Sao Paulo, el mayor del país, el gremio afrontó en los últimos seis años un régimen de casi explotación en las condiciones de trabajo. «Las empresas tienen que entender que ya estuvieron por seis años explotando a los trabajadores y les llegó la hora de resolver la situación», principalmente la de la «seguridad social» estipulada por ley, afirma.

Una queja que ha causado efecto en los oídos del nuevo presidente, decidido a impulsar una propuesta para que «las empresas pasen a reconocer a todos como trabajadores convencionales», en un momento en el que según Rubens Mussolin Massa, doctor en Nuevos Negocios de la FGV, «Brasil pasa por un aumento del desempleo formal y un falso crecimiento de los índices de emprendedores». Un equilibrio difícil ya que supone «dialogar con la realidad de plataformas» en crecimiento, desde «la mirada hacia el trabajador» sin que eso «signifique una desaceleración de su crecimiento», advierte Massa.

Argentina, sin vuelta atrás

En Argentina, el mercado se reparte entre Pedidos Ya (76%), parte del cluster international Delivery Hero fundado en Alemania, Rappi (22%), y otra docena de empresas, que en la actualidad entregan a domicilio el 67% de los productos comprados por canales electrónicos frente al 39% antes de la pandemia, según un informe de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico correspondiente al primer semestre de 2022.

«Muchos empresarios del sector gastronómico dicen que lo instalaron en la pandemia» y que ahora «es muy difícil volver atrás porque el canal de ventas lo tienen absorbido estas empresas», explica a EFE el responsable de Encuadramiento e Inspecciones de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, Gonzalo Ottaviano.

Los trabajadores están considerados colaboradores o socios independientes y los repartidores funcionan como una suerte de autónomos: declaran por medio de un régimen llamado «monotributo» y facturan a las empresas por el trabajo desarrollado.

No existe una regulación para estas empresas a nivel estatal y únicamente la ciudad de Buenos Aires incorporó en 2020 al Código de Tránsito y Transporte la figura del «operador de plataforma digital», que permite a las empresas calificar a los repartidores como autónomos. Esta figura las obliga a establecer un procedimiento eficaz para solucionar reclamos y proveer seguros de accidentes de trabajo y les prohíbe implementar sistemas de incentivos o sanciones que fomenten los riesgos a la seguridad vial y de enviar notificaciones mientras los repartidores están haciendo la entrega.

Monopolios y precariedad laboral, el auge de los «delivery» en Latinoamérica

En México se reaviva la política

En México, la polémica en torno a las plataformas de entrega y traslado se ha reavivado este enero, fecha en la que taxistas y repartidores protestaron por la llegada de Uber a Cancún, el principal destino turístico del país. Y el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha optado por ponerse de lado al asegurar que es competencia de los estados regular la operación de estas empresas, que en general son observadas como una fuente para aumentar la recaudación tributaria.

Pese a los vacíos legales, México se sitúa entre los diez primeros países del mundo con más ventas en comercio electrónico, y la mitad de la población compra alimentos y bebidas por canales digitales, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). 

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Asociación de Internet Mx asegura que plataformas, como Uber, Didi y Rappi, impactaron positivamente al sector de la restauración, con un crecimiento de hasta 33% para los establecimientos que adoptaron estos canales. Pero su expansión y rápida adopción generó que las autoridades, tanto locales como federales, impusieran mayores tasas, incluso con un régimen fiscal específico para ellas desde el año pasado, con el que recaudan tanto de las empresas como de los repartidores.

Además, las fuertes presiones de los socios que transitan las calles mexicanas para entregar todo tipo de pedidos, impulsó al Gobierno mexicano a crear un programa de afiliación para que puedan acceder a la seguridad social a partir de aportaciones de 40 pesos (2 dólares). Una estrategia que molesta tanto a empresas como a repartidores por la carga que representa emitir facturas y declaraciones.

La Colombia de Rappi

En Colombia, el sector lo lidera la local Rappi, con el 44%, nacida en 2015 como una startup de entrega a domicilio, y que hoy está presente en nueve países y más de 250 ciudades de la región con cerca de tres millones de usuarios. Le siguen a gran distancia Ifood (9%) y DiDi Food (3.6%) todas ellas en crecimiento pero con la precariedad y la explotación como principales lacras.

En años pasados, decenas de «riders» protestaron frente a las oficinas de Rappi -con quema de mochilas incluidas- para exigir mejores condiciones laborales y que la compañía se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente. Ante esta situación, el Gobierno colombiano aseguró en enero que avanza en el estudio para regular las más de 700 plataformas digitales existentes con el fin de brindar mejores condiciones laborales para las personas que prestan sus servicios.

En Colombia, el sector lo lidera la local Rappi, con el 44%

«Para regular es necesario establecer un marco que permita tanto la innovación tecnológica como la protección de los derechos laborales de quienes trabajen en estos esquemas para que tengan los mínimos que exige la ley en Colombia«, señala a EFE Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana.

«Seguridad social, salud, pensiones, administradora de riesgos laborales mejoraría la situación precaria que tienen los prestadores de este servicio que es muy demandado», concluye.

Fuente: Clarín ~ El sector asegura que no es formador de precios y que las subas en alimentos y bebidas.

El rubro restaurantes y hoteles fue, junto con el de prendas de vestir y calzado los que lideraron las subas del índice de precios al consumidor (IPC) durante el año pasado, con alzas de 108,8% y 120,8% respectivamente. Es decir, por encima del nivel general de la inflación que terminó en 94,8%.

El segundo puesto en el podio de los aumentos, en el caso de la gastronomía, hizo que los empresarios del sector se vieran, cuanto menos, «señalados» como responsables de esas subas. Por eso, y en el contexto de la presentación del Gobierno de una nueva versión del plan Precios Justos este viernes, salieron a desmentir que el sector sea generador de inflación: aseguran que el dato oficial refleja “una mirada parcial” del problema y que “es necesario mirar la foto entera” para analizar qué sectores son los que realmente impulsan la inflación.

A través de un informe hecho por la consultora económica Invecq, los referentes del sector explicaron, en primer lugar que “el precio relativo de los locales acompaña la suba de precios en general y que los aumentos de los últimos dos años se deben a la crisis histórica que enfrentan, tras el cierre de más de seis mil negocios durante la pandemia”.

Al analizar la evolución de los precios de diferentes sectores de consumo masivo en diciembre de 2022 «refleja que el precio relativo del rubro “restaurantes y hoteles” se encuentra 3% por encima del nivel de diciembre 2016, es decir, se movió en sintonía con el promedio de la economía durante los últimos seis años”, señaló el informe. 

Por otro lado, los empresarios argumentan el negocio se basa en alimentos que sufrieron aumentos importantes en el último tiempo. «El precio relativo del rubro “alimentos y bebidas” es persistentemente superior al de “hoteles y restaurantes” desde junio de 2018», resalta el estudio. María Sance, empresaria de la industria vitivinícola de Mendoza, afirma que la rentabilidad de su negocio pasó del 23% en 2019 al 3% actual. Y cuenta que con la pandemia trabajó “totalmente a pérdida”. 

“Con la reapertura de los locales el escenario mejoró, pero la dramática situación del sector se extendió durante mucho tiempo porque había muy poco movimiento por las medidas restrictivas que tomó el Gobierno nacional y por el temor a salir a comer afuera hospedarse en un hotel”, señaló.

“No podías trasladar a precios los gastos que se generaban porque los restaurantes continuaron prácticamente vacíos. Entonces, las tarifas de 2020 y 2021 eran de subsistencia, no alcanzaban el punto de equilibrio: solo servían para pagar los sueldos y los servicios básicos”, explica a su turno, Fernando Barbera, dueño del restaurante de comida italiana La Marchigiana.

«Lo que sucedió después fue “un reacomodamiento de precios por el retraso que tenían debido a la pandemia”, completó el dirigente gastronómico salteño Juan Chibán. Otro factor clave que influye directamente en la estructura de costos es el aumento en los servicios públicos, que en el último año se ubicaron por encima de las subas que aplicaron los empresarios en los locales,según Invecq.

Según la consultora, el reacomodamiento de precios relativos del sector se debe a “un mercado con menos jugadores por el cierre de miles de empresas en el sector durante la cuarentena estricta, un fenómeno transitorio que se acomodará a medida que vuelvan al mercado las empresas que quedaron afuera y la oferta sectorial regrese a niveles normales”, estimó. 

La movida del sector para explicar las subas de precios se da en un contexto de mayor presión del Gobierno sobre las empresas para acotar las subas. Por caso, el viernes, el ministro de Economía Sergio Massa, lanzó una versión ampliada del programa de Precios Justos que incluye un tope en el aumento de las cuotas para los colegios privados. El plan comprende casi 50 mil productos que del primero de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual; y  2 mil productos que van a seguir teniendo precio fijo.