Categoría: Actualidad

Fuente: Clarín ~ El primer intento de imponer un pase sanitario para ampliar la capacidad de acceso de público en restaurantes, shoppings y mercados de la Provincia quedó en un anuncio oficial vacío. A dos semanas de su presunta puesta en marcha, transita entre el vacío normativo y la falta de información para los sectores involucrados, y por eso su aplicación práctica quedó a criterio casi exclusivo de cada propietario.

El 19 de julio, Axel Kicillof anunció que los comercios que atienden público en lugares cerrados podrían ampliar el aforo permitido por el semáforo epidemiológico, si el cliente certificaba la aplicación de una primera dosis de vacuna contra el Covid-19.

Implicaba aumentar de 30% a 50% el permiso de ingreso de público en bares, cafés, centros comerciales y mercados de los distritos declarados en fase 3 del aislamiento por la pandemia (son 48). Para los que están en fase 4 (87 municipios) permite elevar de 50% a 70% el acceso de clientes. La condición para este permiso extra: certificar la vacunación contra el virus.

Iba a comenzar a aplicarse desde el lunes 26 de julio, pero se postergó por demoras administrativas en la redacción y publicación del decreto. Entró en vigencia –según dijeron las autoridades- tres días después.

El “permiso sanitario” quedó en un anuncio. La supuesta reglamentación se limita a un cuadro que emitió la Jefatura de Gabinete donde establece que un listado determinado de locales tiene un aforo del “30%+20 vacunados”; o “50%+20% vacunados”. Están en una nómina de más de 129 “actividades esenciales” que van logrando flexibilizaciones a partir de los cambios en las condiciones epidemiológicas.

Criterio propio

En la práctica, cada comercio de gastronomía, cervecería, bar o restaurante decide con criterio propio cómo implementar el pasaporte. “No hubo información oficial por fuera de las noticias periodísticas. No se enviaron instructivos o recomendaciones desde los municipios. Tampoco nos dieron normativas para exigir alguna documentación ni supervisión por parte de los inspectores. El pase sanitario, en el día a día no se concretó”, dijo a Clarín el presidente de la Federación Gastronómica Bonaerense, Diego Faggioli.

Kicillof explicó –cuando informó la novedad– que los municipios serían los responsables de hacer cumplir la disposición. “Hizo la fácil: anunció una medida compleja para que la apliquen los intendentes. Y ni siquiera puso las reglas claras”, se quejó a este diario un director de inspectores de un distrito de zona Norte.

En La Plata y otros distritos, los empresarios estuvieron de acuerdo con “la idea”, pero reconocen que es compleja para implementar. “Los dueños de restaurantes platenses se cuidan y cumplen los protocolos para proteger a los clientes. Pero no podemos hacernos cargo de financiar las modificaciones edilicias y además controlar a todos los que entran”, dijo un dirigente de IDEAR, Industria del Entretenimiento Argentino.

“No podemos poner gente a controlar. Debemos concentrarnos en atender a las personas que nos elijen”, completó el empresario.

El rubro que agrupa a la nocturnidad y las confiterías fue uno de los sectores más castigados por las restricciones sociales que se impusieron desde marzo de 2020. En La Plata, uno de cada tres emprendimientos cerró en este año y medio. “Vimos con entusiasmo este tipo de decisiones. Pero no puedo decir que efectivamente todos los lugares cumplan con ese protocolo y esos porcentajes”, reconoció Carlos Leuzzi, presidente de PULPA, una entidad que nuclea a gastronómicos locales.

La resolución de Jefatura de Gabinete incluye en el sistema de pase sanitario a los mercados y ferias de artesanías y a los shoppings. “No conozco esa regulación. No vi a nadie que estuviera pidiendo un certificado de vacunación. Con la circulación constante de gente que pasa por acá, es imposible poder medir cuándo está al 50% o cuándo está al 30%” reconoció un comerciante que tiene local con vidriera a la calle en un centro de compras de la capital provincial. El paseo está a menos de 100 metros de la Gobernación. Pero el instructivo del pase sanitario tampoco llegó a ese lugar.

La Plata (Corresponsalía)

Fuente: iProfesional ~ El Gobierno terminó de negociar con los bancos la puesta en marcha del nuevo “Ahora 12 Recargado”, que será anunciado el próximo lunes como una de las medidas para levantar el consumo popular en medio de la campaña electoral.

El relanzamiento del programa incluirá la posibilidad de financiar en cuotas ya no sólo consumos a 6 y 12 meses, sino también la posibilidad de extender el beneficio a 24 y hasta 30 meses. Es decir, algo que se compre en los próximos días terminará de pagarse durante el mandato del próximo Presidente. O Presidenta.

Todavía no está definido si volverá también la chance de “comprar ahora y empezar a pagar a los 90 días”, algo que sí estuvo en el menú de posibilidades hasta comienzo de año.

La renovación del programa requirió de una ardua negociación con los bancos ya que se negaban a “subsidiar” consumo a largo plazo, en medio de una inflación que se encuentra en el 50% interanual.

Para el Gobierno, este relanzamiento en el inicio de la campaña resulta crucial: el consumo no arranca. Parece lógico en medio de una economía con una inflación acelerada y salarios que no logran ganarle la carrera a los precios.

El balance del primer semestre también cerró en rojo: el consumo masivo registró una baja del 7,4% en relación a enero-junio del 2020, de acuerdo a la consultora Scentia.

Por ahora, el Gobierno lanzó algunas medidas para mejorar el cuadro, pero hasta ahora no alcanzaron.

La última fue conocida en las últimas horas, con la compensación a los jubilados, cuyos haberes perdieron contra la inflación. Para los que ganan hasta dos salarios mínimos ($46.130) habrá un bono de $5.000, por única vez, a cobrar recién en agosto.

Desde el kirchnerismo le reclaman a Guzmán más audacia para tomar medidas que ayuden a mejorar el escenario. El Gobierno apuesta sus fichas a incrementar el consumo de cara a las elecciones

Detalles del nuevo “Ahora 12

Los teléfonos celulares quedarán fuera del programa: al Gobierno no le interesa subsidiar consumo de productos que, en definitiva, sólo se ensamblan en la Argentina y que en muchos casos tienen precios superiores a los electrodomésticos o indumentaria, que sí se fabrican en el país.

No todos los rubros podrán financiar a los plazos más largos -de entre 24 y 30 meses- sino que la idea es que puedan utilizarse en aquellos que aseguran producción y mano de obra nacional, como televisores, muebles, juguetes y colchones.

La idea también pasa por beneficiar a algunos de los sectores de la economía severamente golpeados por las restricciones en la pandemia, como la gastronomía, indumentaria, calzados y el turismo.

Miguel Pesce, titular del BCRA, fue el encargado de limar las diferencias. Las entidades financieras se resistían a financiar compras al 25% anual (costo del Ahora 12) cuando la tasa de referencia asciende al 38% anual.

El contraargumento de los funcionarios fue que los bancos perciben esa tasa de interés de parte del Estado -en la colocación de Leliq- pero que tienen gran parte de sus depósitos en cuentas a la vista que tienen una remuneración del 0%. Con lo cual tienen margen para “perder” algunos puntos de rentabilidad cuando financian consumos de sus clientes.

Como parte de la negociación también se acortarán los plazos para que los bancos cobren los consumos de sus clientes. Y se les permitirá a los bancos a utilizar una porción de este financiamiento como parte de los encajes.

A su vez, las entidades financieras accedieron a ampliar el margen de consumo con tarjetas de sus clientes, algo que algunos bancos venían “pisando” para reducir los riesgos de morosidad.

La renovación del “Ahora 12” -un plan que vence este fin de semana- es crucial para el consumo masivo. De acuerdo a la empresa Prisma -dueña de las tarjetas de crédito-, seis de cada diez compras que se hacen en cuotas son efectuadas a través de ese programa oficial.

Y representan el 24% de todos los gastos con tarjeta. Nada menos.

Para tener otra idea de la relevancia de este plan, en junio las ventas reales en precios constantes con Ahora 12 se ubicaron 4,2% por encima de las de junio de 2020. Así, en el primer semestre fueron 16,3% superiores a las del mismo período del año pasado, de acuerdo a las mediciones del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La renovación del plan también será con un control más exhaustivo del cumplimiento. La Secretaría de Comercio Interior imputó hace unos días a 15 entidades por comercializar bajo los beneficios del programa “Ahora 12”, bienes y servicios que no forman parte de la oferta de rubros que propone el programa de fomento al consumo.

A partir de un requerimiento de información a las empresas, y un trabajo de fiscalización y monitoreo de todos los productos ofrecidos a través de plataformas de comercio electrónico, la Secretaría de Comercio Interior constató la existencia de bienes y servicios no incluidos dentro de los rubros incorporados al Programa “Ahora 12”.

Además, se detectó la existencia de productos importados brindados para su adquisición con las medidas de financiamiento preferenciales provistas por el Programa, cuando bajo su órbita sólo pueden comercializarse productos nacionales. Te puede interesar

Justamente, el objetivo es fomentar el consumo y la producción nacional a través de condiciones de financiación más convenientes, para facilitar el acceso a los productos y servicios alcanzados.

Fuente: iProfesional ~ Los empresarios se habían ilusionado con avanzar con la discusión (y lograr cambios) en las indemnizaciones laborales. Tras el apoyo de algunos sindicalistas, consideraban factible empezar a discutir una medida que, argumentaban, les genera costos laborales impredecibles y les impide general empleo.

En concreto, buscaban que las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) pasen de ser tarifadas a ser cubiertas por un seguro de garantía, que sería fondeado, principalmente, por el salario mensual de cada empleado, y manejado por el Estado.

Pero el propio Gobierno fue el encargado de “bajarle el pulgar”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que “no hay margen para una reforma laboral, entendida como reducción de indemnizaciones, o un cambio de régimen”.

“No está en nuestra agenda”, remarcó y agregó que “el mayor período de creación de empleo que tengamos memoria fue del 2007 al 2011, y fue con estas normas, este modelo de desarrollo va a generar empleo”.

De todas maneras, los empresarios consideran que, tarde o temprano, será un tema que deberá discutirse, por lo que continúan buscando adhesiones de sindicalistas y funcionarios del Gobierno. Y destacan que, en caso de avanzar, aplicaría para nuevos contratos y para el segmento pyme.

Uno de ellos es Facundo Moyano, quien el año pasado, durante la sesión en la que se aprobó la ley de Teletrabajo indicó: “Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?”.

El hijo del camionero Hugo Moyano y principal referente de los trabajadores de Peajes, argumentaba desde su banca: “Tenemos que plantear la discusión del sistema laboral para discutir derechos para los que no los tienen, y para discutir más derechos para los que lo tienen”.

Los empresarios, con el respaldo del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, vienen militando cada vez con más fuerza la idea de reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.

La propuesta promocionada por Teddy Karagozian, empresario textil y dueño de TN Platex, se titula “Mochila Argentina” y toma como referencia el mismo ejemplo al que aludía Moyano: la “mochila austríaca”.

Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización. Es decir, que un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo. La modalidad se sostendría, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía de la que se desvinculó.

Desde el entorno de Facundo Moyano confirmaron a IProfesional que la posición del sindicalista no cambió, que los sostiene públicamente y que cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados.

¿Cómo querían implementarla?

Según el documento entregado por Karaqgozian, este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.

Este pago se cancelaría cuando se superen los meses que correspondan a los años trabajados. El monto del seguro, según la propuesta, sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.

“Necesitamos una reforma superadora a la institución indemnizatoria que otorgue beneficios a los empleados y disminuya el costo para las empresas, eliminando la necesidad de una reforma laboral que quita derechos y fomente la creación de más puestos de trabajo en el sector privado dando más derechos a los empleados”, resumió la propuesta.

“Los empleados también percibirán beneficios en los casos en los cuáles las empresas que necesitan bajar personal por falta de trabajo o incluso por mejoras técnicas. Muchas veces por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden ‘con causa’ con la esperanza de postergar el momento de pago de la indemnización”, agregó.

“Pagando las empresas un seguro sobre la nómina salarial (SGI), puede llegar a formarse un capital de donde salga la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o deseen incluso tomarse un tiempo de descanso”, de acuerdo con la propuesta.

Por otro lado, desaparecería la distinción entre despido “con y sin causa”, como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos.

Según explicó la propuesta, los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones. ¿Qué beneficios tendrían, al cambiar o perder su empleo?

Poder cobrar 100% de lo que le corresponde.

Tomar un descanso manteniendo su antigüedad.

En caso de querer trasladarse a otra empresa se la lleva consigo la antigüedad.

En caso de concurso de acreedores o quiebre de la empresa, no requiere de esperar la instancia judicial.

En tanto, los empleadores tendrían como ventajas no perder capital en gastos de indemnización ni de abogados, lo que les permitiría crecer más rápidamente. También las empresas podrían eliminar su pasivo laboral, lo que haría subir su valor.

“El efecto en el empleo será inmediato. Hay una necesidad perentoria de generar trabajo en el sector privado para disminuir la pobreza que ha ido en aumento continuo, aun con la ayuda cada vez más grande que la sociedad recibe, producto entre otras cosas de la cada vez menor proporción de empleo en blanco en el sector privado generador de riqueza”, estimó Karagozian en su propuesta.

En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato presentó un documento en el que propone “crear una fórmula para determinar el costo del servicio de ART, en línea con la caída estadística de los juicios laborales” y la “facilitación de un marco previsible para la contratación de trabajadores; establecimiento de un fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro para los trabajadores; y la fijación de montos máximos a la litigiosidad laboral”.

Asimismo, considera que se debe “eliminar del sueldo del empleado el descuento a los aportes desligados a lo previsional”.

La diferencia sustancial entre las propuestas es que “Mochila Argentina” habla de la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), mientras que en la impulsada por los empresarios pymes se busca la conformación de un Fondo de indemnización y retiro. Te puede interesar

La palabra retiro no es casual y compone una diferencia sustancial con lo esbozado por Karagozian. Es que el otro plano del proyecto de Rosato está conformado por el ahorro: “En caso de que un trabajador nunca retire sus fondos, cuando llega a la edad de retirarse cobra su jubilación de reparto, más esos fondos que son un ahorro forzoso de toda su trayectoria laboral”.